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La Diputación estudia fórmulas para controlar el tránsito de vehiculos por el monte


Disfrutar en silencio del paisaje de los montes vizcaínos es a veces un lujo difícil de alcanzar. El tránsito de vehículos por los caminos forestales, sobre todo en las áreas próximas a grandes núcleos urbanos, suscita numerosas quejas entre los asiduos a los espacios naturales. La nueva Norma Foral de Montes establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora «sin perjuicio de que pueda prohibirse el uso de las pistas». No especifica, sin embargo, los mecanismos de control que permitirán hacer cumplir estas limitaciones.

«Estamos estudiando distintas fórmulas», afirmó ayer el diputado de Agricultura, Eusebio Larrazabal, durante la presentación del proyecto. La Diputación podrá impedir el tránsito por pistas forestales -el único lugar de paso autorizado- cuando lo requiera la lucha contra incendios, la ejecución de obras o el aprovechamiento de los montes. Las competiciones, rutas y salidas en grupo deberán contar con autorización y la circulación campo a través queda prohibida «excepto en los circuitos especialmente habilitados para ello» con permiso del departamento.

La inquietud por el ruido de los motores no sólo se refleja en quejas de vecinos y excursionistas, como los de La Arboleda. También se planteó en las Juntas Generales a través de una propuesta del PSE, que exigía una regulación específica para quads, motocicletas y todoterrenos. Los montes de Las Encartaciones y su entorno son, junto a Urkiola y El Gorbea, algunas de las zonas más afectadas por el trasiego de vehículos.

La nueva Norma Foral de Montes, que en breve iniciará su tramitación en las Juntas Generales, endurece el régimen sancionador. En las infracciones graves se añadirá a las multas la imposibilidad de obtener subvenciones agrarias durante un periodo de tres años. De esta forma se evitarán «situaciones contradictorias» de personas que por una parte reciben ayudas y, por otra, causan daños al monte, explicó Larrazabal.

El importe de las multas no varía. Oscila entre 60 y 1.200 euros para los casos leves, hasta 60.000 en los graves y llega hasta 300.000 euros con las infracciones muy graves. Algunos espacios, como el parque natural del Gorbea, tienen su propio régimen. Los responsables forales destacaron que la nueva norma «supone un avance en el cuidado de los espacios ambientalmente sensibles» sin tener en cuenta si son de titularidad pública o privada. La vigilancia se reforzará en los montes considerados protectores -que contribuyen a evitar desprendimientos o a regular el régimen hidrológico- y los de especial protección, que atesoran espacios naturales valiosos como los de la red Natura 2000.